La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados invitó al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, a opinar de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y alertó que la DNI no puede atribuirse el control de las informaciones que manejan las entidades de telecomunicaciones y que la reforma debe proteger el secreto profesional.
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Recomendó que la reforma disponga que las actuaciones de la DNI sean amparadas por una orden judicial. Favoreció revisar en una modificación a la ley el debido proceso y la razonabilidad, para consolidar un esquema que pone a disposición un ordenamiento que respete las libertades y los derechos de los individuos, actuando fundamentalmente conforme a las leyes vigentes.
Castaños Guzmán favoreció que en la enmienda a la Ley 1-24, para la solicitud de información es pertinente que de manera clara, llana y precisa se definan los requisitos para establecer la obligación de conceder la información que se procura a las instituciones y personas física. En la Comisión que preside el diputado Juan Dionisio Rodríguez, propuso crear un acápite para el secreto profesional por parte de la DNI, el tratamiento de datos que debe tener la DNI y de los que preservar la información para casos limitados.