La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) aclaró ayer que es el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el que tiene competencia para decidir el recurso interpuesto por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) contra la Resolución 06/2015 de la Junta Central Electoral (JCE) que estableció la distribución de diputados en el Distrito Nacional y las provincias para las elecciones del próximo 15 de mayo.

Por error, en la información publicada ayer se le atribuye a la FINJUS haber afirmado que es el Tribunal Constitucional (TC) el que tiene facultad para conocer la solicitud de suspensión de dicha resolución.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, sostuvo que la decisión de la JCE de aceptar la sentencia del TSA sin antes recurrirla, “constituye una clara debilidad de nuestra normativa procesal administrativa y constitucional, en la forma de vacíos que impiden dar salida expedita a conflictos como el que nos ocupa”.

Explicó que por las atribuciones que le confiere el artículo 81 de la Constitución para organizar, dirigir y supervisar las elecciones, la JCE debería manifestar su oposición a esa decisión “que refleja las insuficiencias de nuestra institucionalidad.

“El TSA muestra nuevamente las falencias en la independencia judicial “y la grave influencia que el sistema de partidos políticos parece tener sobre el sistema judicial, todo lo cual es, sin lugar a dudas, un escenario negativo para el ordenamiento constitucional dominicano, la democracia y el estado social y democrático de derecho”, subrayó.

La JCE acogió la sentencia número 003-2016 del TSA, y dejó sin efecto la resolución que redistribuía la matrícula de la Cámara de Diputados en función del censo poblacional de 2010.

Aprobó una nueva Resolución disponiendo que en los comicios de mayo próximo serán elegidos como en elección anterior.