Finjus advierte la prisión preventiva se ha desvirtuado

Finjus advierte la prisión preventiva se ha desvirtuado

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advierte que pese a que la prisión preventiva constituye una medida cautelar de aplicación de manera excepcional, la realidad que impera refleja que esta se ha desvirtuado, lo que acarrea aumento de población carcelaria y un consecuente hacinamiento.

“La imposición de esta medida privativa de libertad como opción casi preferencial, así como ciertas debilidades del sistema de justicia para conocer de los procesos en un plazo razonable, entre otras situaciones, ciertamente generan una elevada carga en los sistemas penitenciarios y, en consecuencia, hablar de un aumento de la población carcelaria es un factor que incide ampliamente en los niveles de hacinamiento de estos recintos”, expresa Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, mediante documento de prensa.

Castaños Guzmán considera que disminuir los niveles de prisión preventiva en el país no es una cuestión simple, pues responde a diversos aspectos relacionados a las debilidades propias del sistema de justicia dominicano.

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Uno de ellos que pone de ejemplo es que el no contar con mecanismos efectivos de localización y rastreo, propicia decisiones jurisdiccionales que ven en la prisión preventiva un método para asegurar el seguimiento del proceso.

“Disminuir las cifras de presos preventivos permitiendo la descongestión de los recintos carcelarios y, en consecuencia, minimizar los niveles de hacinamiento en las cárceles dominicanas sin dudas constituye un reto no solo de sistema de justicia, en tanto superar debilidades, sino también de políticas públicas que inciden en materia de seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones que interactúan tales como la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República”, precisa Castaños Guzmán.

Finjus recuerda que en varias ocasiones ha insistido que la prisión preventiva responde a un carácter de excepcionalidad en el marco de un sistema garantista anclado al catálogo de derechos fundamentales esbozados en la Constitución dominicana.

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