La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió ayer que la reforma del Ministerio Público debe ser hecha de manera integral y al margen de “presiones coyunturales o intereses particulares” que limiten su eficacia futura y comprometan su capacidad operativa.

Afirmó que no obstante los importantes cambios operados en el Ministerio Público dirigidos a fortalecer su estabilidad institucional y su capacidad técnica, todavía subsisten algunos inconvenientes que deben ser precisados o subsanados en una futura Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Separar las funciones del Procurador General de las propias del Consejo Superior, constituye una necesidad vital para garantizar la independencia funcional que exige la Constitución”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, doctor Servio Tulio Castaños Guzmán.

Afirmó que  sólo el “empoderamiento” del Consejo Superior en las cuestiones propias del manejo del Ministerio Público permitirá garantizar que la influencia de la política sea controlada por los criterios tecnocráticos de los funcionarios de carrera.

Agregó que además se impone regular los procedimientos internos del Consejo Superior del Ministerio Público y los órganos de apoyo de éste, y reorganizar la estructura interna.