La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó ayer su preocupación por la forma en que la Junta Central Electoral (JCE)  usa la potestad reglamentaria que le confiere la Constitución,  con lo cual afirmó,  afecta a la ciudadanía.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad,  Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la JCE ha sorprendido a la sociedad dominicana con la eliminación del voto preferencial y el aumento de la tarifa de los actos del Estado Civil, obviando incluso lo que establece el artículo 23 de la Ley 200-04 sobre Acceso a la Información Pública.

Le recordó al organismo electoral que el hecho de que la Carta Magna le haya otorgado facultad reglamentaria autónoma eso  no significa que “se le entregó un cheque en blanco para actuar a espaldas de la sociedad”.

Agregó que es incuestionable  la facultad de la JCE para reglamentar, por ejemplo, los aspectos administrativos de los tiempos, límites de gastos y transparencia en el financiamiento de las campañas sin necesidad de una Ley de Garantías Electorales, pero dijo que eso no significa que ese poder reglamentario pueda usarse sin necesidad de someterlo a cánones procedimentales que garanticen la adecuada participación de la ciudadanía en la adopción de normas que puedan afectar sus derechos.

Recordó que la Finjus expresó en su momento que  la eliminación del voto preferencial  constituye un retroceso a la institucionalidad democrática  porque la ciudadanía ha perdido la capacidad de seleccionar efectivamente a sus diputados.

 “Pero lo que está pasando con el registro civil no es menos alarmante, porque los actos del Estado Civil deberían ser gratuitos para las ciudadanas y ciudadanos dominicanos, máxime en un país que tiene una amplia capa social que vive en extrema pobreza. Cobrar esos actos a la mayoría desposeída es de por sí algo preocupante; aumentar sus costos en momentos que el país atraviesa por una crisis económica, es un abuso contra los que menos tienen”, enfatizó Castaños Guzmán.

Dijo que la Junta Central Electoral debe adoptar sus resoluciones y reglamentos en un diálogo  que incluya a los partidos,  las organizaciones sociales, empresariales,  profesionales, universidades y la ciudadanía en general.

La frase

Castaños Guzmán

El que la Junta Central Electoral tenga potestad reglamentaria autónoma no significa que se le entregó un cheque en blanco para actuar a espaldas de la sociedad, sino que esta también se encuentra sometida a las reglas de publicidad que rigen la elaboración de normas o actos públicos de carácter general”.