El acuerdo arribado entre la Fiscalía del Distrito Nacional y el condenado por adulteración de medicamentos José del Carmen Cruz concita más rechazo de importantes sectores de la sociedad, algunos de los cuales pidieron ayer que sea revocado.

Las fundaciones Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Justicia y Transparencia (FJT) coincidieron en afirmar que aunque la ley faculta al Ministerio Público para ese tipo de acuerdos, el mensaje que envía a la sociedad, en especial a los sectores más vulnerables, es muy negativo.

Contradictorio. Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la Finjus, reconoció que en el caso de Cruz el Ministerio Público hizo una labor “impresionante” y utilizó una herramienta que establece la legislación para desmontar una estructura poderosa que a su juicio, “es más peligrosa que cien sicarios juntos, por la secuela que deja”.