La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó que tras 18 años de aplicación de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, muestra que ha resultado incapaz, ineficaz e ineficiente para regular, dirigir y servir de marco a la acción del Estado, uso óptimo y la transparencia de los recursos públicos en los objetivos de la administración central.

Indica que la contratación pública ofrece diversos mecanismos que pueden prevenir la corrupción, por lo que respalda la aprobación del proyecto de modificación de la Ley de Compras y Contrataciones que estudia la Cámara de Diputados.

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En una comunicación enviada al presidente de la comisión especial de diputados que estudia el Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, diputado Fausto Domínguez, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán hace las referencias de la reforma y destacó que el artículo 36 de la Ley 340-06, si bien indica las funciones básicas del Órgano Rector de compras y contrataciones públicas, el despliegue pleno de sus capacidades para el ejercicio de sus funciones no está garantizado a la Dirección General de Compras y Contrataciones, no lo dota de la autonomía y hace que dependa, en gran medida, del Ministerio de Hacienda.

En un balance de la ley, presenta los puntos débiles y los retos y explica que resulta evidente que ha sido
uno de los cimientos principales del modelo clientelista que ha imperado en el sistema político dominicano.

Afirma que además ha permitido la aparición de múltiples distorsiones e inconsecuencias que se han mantenido a lo largo de la última década, reforzado por la crisis del sistema de justicia y la impunidad que de ella se ha derivado.

Reconoce que, en los últimos años, en el país hay esfuerzos para consolidar un sistema de compras que garantice un efectivo control y fiscalización del gasto público, empero, señala que han “venido insistido en las necesarias reformas a la Ley 340-06, tanto en el ámbito formal como en los aspectos de fondo.