La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) alertó ayer que la Ley Orgánica sobre Régimen Electoral, aprobada recientemente por el Congreso Nacional y remitida al Poder Ejecutivo, presenta diversas inconsistencias de cara al texto de la recién Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.
En tal sentido, la Finjus presentó nuevas reflexiones y acciones con la intención de que su reconocimiento y eventual corrección por la vía reglamentaria podría impedir la repetición de lamentables conflictos.
“La Ley Orgánica sobre Régimen Electoral, aprobada recientemente por el Congreso Nacional y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, ha resultado en una norma que preserva la lógica y el sistema electoral que prevaleció durante 21 años con la Ley 25-97, en lugar de convertirse en una verdadera reforma del régimen electoral”, precisó la entidad a través de un documento firmado por su vicepresidente Ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Agrega que esa situación explica las inconsistencias que refleja en disposiciones específicas que contiene de cara al texto de la recién Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. Indica que el análisis de estas inconsistencias debe servir, tras su aprobación y consecuente promulgación, para llamar la atención a la sociedad y especialmente a la Junta Central Electoral, sobre quien recaerá de manera inmediata la responsabilidad de elaborar los reglamentos pertinentes, en los cuales podrían subsanarse o paliar algunos indeseables yerros o incoherencias que fueron introducidos a última hora.
Alega que entre las inconsistencias que se mantienen en la actual ley es el método de conteo utilizado el cual termina por no garantizar que el candidato más votado sea el electo, dado que el partido que lo postuló puede no alcanzar los votos suficientes para obtener alguna representación. Desde la Finjus hemos abogado por la separación de las boletas electorales a nivel congresual de manera que resulten independientes las boletas de los senadores y las propias de los diputados. “Otra grave debilidad en la nueva ley es el tope de gastos para el periodo de campaña electoral. Al igual que en la ley de partidos, se ha utilizado como criterio la cantidad de electores hábiles según la demarcación correspondiente a cada nivel electoral calculado por montos escalonados establecidos en la normativa”, precisa.
El organismo cita además, temas relativos a la viabilidad de las fusiones, coaliciones y alianzas, destacando pudiese dar cabida a ambigüedades. Alerta, también, en cuanto a la equidad de género, a la propaganda política en el periodo de campaña electoral, creación de la Procuraduría Especializada, no inclusión del voto en blanco en la boleta electoral y sistema de consecuencias, entre otros.
Castaños Guzmán precisa que procuran prevenir que el clima de gobernabilidad se vea afectado por las inconsistencias antes citadas.