La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) resaltó ayer  la necesidad de implementar un nuevo modelo económico-social, así como  profundizar en las reformas institucionales para dar sostenibilidad al desarrollo del país.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños  Guzmán,  afirmó que “atravesamos por una crisis en la calidad de las políticas públicas de atención a la ciudadanía, debido al daño que producen a nuestra sociedad la corrupción, el clientelismo, la falta de controles de los organismos del Estado y las fallas en el sistema de consecuencias que debe activarse ante las deficiencias en el desempeño y la comisión de delitos”.

El jurista argumentó que el reclamo de un nuevo modelo económico-social, desde su punto de vista, descansa en la urgencia de reforzar el Estado de derecho, que, según indica, es la clave de la seguridad jurídica de la nación.

“Si la seguridad jurídica se deteriora, el clima de inversiones sufrirá de manera especial, agravando las condiciones económicas. Para que este elemento siga predominando es necesario que la separación de los poderes públicos sea real”, arguyó.

En ese sentido, dijo que   es imprescindible que exista un poder judicial independiente, respaldado por leyes claras y modernas, con voluntad de actuar y sin temor de aplicar la ley, especialmente, las que se refieren a la sanción contra los responsables de la comisión de  corrupción, tanto públicos como privados.

Dijo que el país observa con temor el incremento inusitado y desproporcionado del narcotráfico y el crimen organizado, dentro de lo cual “lo más preocupante es la evidencia de que agentes policiales o militares participan de estas”. Espresó que asombra la falta de prevención que impida a esos  agentes  participar en esos crímenes. 

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Fortalecimiento

Para la Finjus es imperioso  profundizar el programa de reformas institucionales, lo que incluye, entre otras, el fortalecimiento de los organismos de control del Estado, especialmente el Congreso  y la Cámara de Cuentas; reforzar el sistema de justicia, sobre todo en lo referente a la persecución de los crímenes de corrupción en todas sus manifestaciones y apoyar la creación de una cultura de transparencia, que tenga como punto de partida una modificación de la Ley de Partidos.