POR LLENNIS JIMÉNEZ
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), respaldó ayer la decisión del gobierno de enfrentar la criminalidad y la delincuencia con la fuerza militar en las calles y la limitación de la venta de bebidas alcohólicas como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana.

El vicepresidente de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, solicitó al gobierno fortalecer las instituciones que trabajarán en estos planes y castigar a los agentes que manchen el uniforme.

Mientras que el secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), Ramón Benito Ángeles,  pidió a la población respaldar las medidas provisionales aplicadas por el gobierno para contrarrestar la violencia, al tiempo de reclamarle al gobierno ejecutar medidas que excluyan los niveles de pobreza y disminuyan la imposibilidad de la participación de la juventud en la cultura, la economía, la educación, la capacitación y el entretenimiento sano.

Advirtió que no puede haber sólo medidas represivas, carentes de actuaciones pro-activas para que la integración y el desarrollo del país se logren en un ambiente de paz.

De su lado, el vicepresidente de FINJUS dijo que hay que saludar los planes que lleva a cabo el gobierno tratando de darle respuesta a lo que es una preocupación colectiva en toda la sociedad dominicana.

Castaños Guzmán declaró, sin embargo, que al tratarse de medidas de corto plazo, hay que esperar, debido a que en un tiempo no mayor de 30 días, el gobierno tendrá la oportunidad de evaluar lo que está tratando de implementar.

“Pero creo que conjuntamente con estas medidas, se deben de trazar políticas que vayan dirigidas a fortalecer las instituciones que van a implementar esas medidas, como es el caso de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas -DNCD-”, sostuvo.

Manifestó que así como el gobierno quiere llevar el orden a la sociedad, desde el Estado también se debe dar la oportunidad, a través de políticas institucionales, de fortalecer a las entidades que implementan las medidas anunciadas para que retorne el orden.

Castaños Guzmán entiende que hay que transparentar más las acciones de la Policía y la DNCD, botar a los agentes que incurren en hechos delictivos y someter a la justicia a todos los que hayan manchado el uniforme, en lugar de enviarlos a su casa.

Sostuvo que muchas veces ven como actuaciones de departamentos policiales de provincias, como fue el caso de Bonao, llevan a la población a levantarse en su contra, y sin embargo, su sanción se limita a trasladar el personal de un lugar a otros.

En cuanto a la actuación de los militares en las calles, planteó que la FINJUS hubiese querido que no fueran asignadas esas labores, debido que las funciones de las Fuerzas Armadas son totalmente diferentes a las de la Policía, “pero en esta ocasión, tenemos que reconocer que la descomposición de la institución encargada de mantener el orden y la seguridad ciudadana, está en tela de juicio, bueno, creo que al gobierno no le quedó otro camino, como lo han hecho otras sociedades”.

El vicepresidente de la FINJUS dijo esperar que la participación de los miembros de la Fuerzas Armadas en el trabajo que compete a la Policía, se trate de una solución transitoria.

En cuanto a la regulación por parte del gobierno del horario de la venta de bebidas alcohólica en los centros de diversión, de lunes a viernes y el domingo hasta las 12:00 de la medianoche, y los viernes y sábado hasta las 2:00 de la madrugada, Castaños Guzmán consideró conveniente esperar, argumentando que hay sociedades en las que la idea a dado muy buenos resultados, pero en otras, la ciudadanía no la ha sabido implementar. En cambio, en otras naciones, dijo, el gobierno no ha sabido trazar la política dirigida a limitar la venta de las bebidas.

Reiteró que se amerita fortalecer las instituciones encargadas de implementar las medidas previstas por el gobierno, ya que muchas veces no tienen la base para aplicarlas. Precisó que dentro de corto plazo, la sociedad podrá evaluar si lo ejecutado por el gobierno es positivo o negativo para encaminar el país por el sendero de la seguridad.

MONSEÑOR ANGELES

El secretario de la CED sostuvo que pese a que las medidas que ejecuta el gobierno a partir de esta semana para controlar la criminalidad, en de inmediato han de mostrar su eficacia, tras indicar que todo el país parece estar en disposición de apoyarla.

Adujo que en el camino de la ejecución de este proyecto, se debe ir colocando otras actuaciones.

Manifestó que aunque es responsabilidad de todo gobierno junto a sus organismos garantizar la seguridad de la nación y de sus ciudadanos, en el Consejo del Gobierno Ampliado que presidió el presidente Leonel Fernández -donde anunció las medidas de seguridad- aconteció que se hizo con la participación de los diferentes sectores de la nación, lo que consideró como un auténtico ejercicio democrático del poder ejecutivo.

Precisó que muchas de las medidas que pone en práctica el gobierno tienen un carácter inmediato, otras son a medio plazo y a largo plazo, por lo que afirmó que el fenómeno de la criminalidad y la violencia no se puede erradicar de un momento a otro, ya que hicieron un recorrido para instalarse.