Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) la propuesta de reforma del Poder Ejecutivo  a la Ley Orgánica del Consejo Superior del Ministerio Público, garantiza la flexibilización de la estructura operativa de esa instancia, superando la “estructura refleja” del Poder Judicial.

Considera que  además  deslinda las competencias propias del Procurador General (como órgano político) cuando “dirige”, y de las que corresponden al Consejo Superior (como órgano técnico) cuando “gobierna y administra”, para lo cual asigna de forma exclusiva al Procurador  funciones o atribuciones que no corresponden al ámbito del Ministerio Público.