El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños G., dijo ayer que apoya al Gobierno en el Plan Nacional de Regularización y el proceso de deportación, las cuales se deben hacer sobre la base del respeto de los derechos humanos.

Señaló que a un Estado no se le puede negar el derecho soberano de diseñar su estatus migratorio e implementar programas de esta naturaleza, ya que todos los Estados lo tienen.

Cree que el Gobierno del presidente Danilo Medina ha sido muy pasivo, humano, tolerante y hay que entender que esta medida fue una decisión del Tribunal Constitucional, y sobre esa base de la que él era vinculante, se diseñó un programa y un Plan desde el Estado.