El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó ayer que en el territorio nacional no operarían bandas delictivas sino contaran con la complicidad de las autoridades.

“Aquí tenemos una situación donde la violencia se ha desbordado y grupos organizados -vándalos- están tomando los espacios, cosa que este país no puede permitir”, expresó Castaños Guzmán.

El vicepresidente de Finjus habló en la presentación de los resultados del proyecto “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia”, desarrollado por siete años junto a Participación Ciudadana (PC), con el objetivo de aumentar el compromiso público de la sociedad civil para monitorear las políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito.

Servio Tulio manifestó que el proyecto contó con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y tuvo dos componentes: “seguridad y justicia”, para contribuir a afianzar las capacidades de la sociedad civil, con la participación activa de 689 organizaciones, de las que fueron capacitadas 9,569 personas en prevención del crimen y la violencia.

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De su lado, el coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, dijo que esa iniciativa estuvo vinculada con coaliciones o redes existentes, que apoyan la formación de nuevos espacios de articulación, como la Coalición de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas, la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia y la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad.

Indicó que en el marco del proyecto, los estudios e investigaciones fueron de gran aporte para desarrollar las acciones implementadas durante su ejecución, que contó con 25 publicaciones vinculadas a la seguridad y la justicia.

En el evento estuvieron presentes, además, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez; los directores de Ética, Milagros Ortiz Bosch, y de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

También la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Rebecca Latorraca; el presidente de la comisión de justicia del Senado, Pedro Catrain Bonilla, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos y autoridades internacionales.