Finjus: aumentos en la CC indican urge aprobar reglamentos

Finjus: aumentos en la CC indican urge aprobar reglamentos

El escándalo provocado por el aumento de salario que se hicieron los miembros de la Cámara de Cuentas, indica que es “impostergable” que desde el Poder Ejecutivo se emitan los reglamentos que harán efectiva la aplicabilidad de la Ley 105-13, dijo ayer la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

La entidad de la sociedad civil señaló que esa normativa, además de indicar topes de salarios para funcionarios específicos, como el presidente del órgano auditor, establece en su artículo 13 la atribución de los poderes y órganos constitucionales del Estado, de fijar sus escalas salariales guiándose de un reglamento que debe dictar el Poder Ejecutivo.

Agregó que además, el amplio catálogo de facultades derivado de la autonomía funcional de que goza la Cámara de Cuentas tiene límites expresos en la propia Constitución, cuyo artículo 140 establece que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados.”

Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la Finjus, dijo que esa prohibición responde a los principios que derivan del derecho a la buena administración, “pues se orienta a que los altos mandos no regulen los aumentos salariales para favorecerse asimismo en el transcurso de su período de función, y a desincentivar a los funcionarios públicos de realizar aumentos en provecho propio”.
Incoherente. Expresó que la decisión de los miembros de la CC además se percibe como “incoherente y desproporcionada”, dada la falta de liquidez, que según ellos mismos, tiene el organismo para realizar acciones concretas inherentes a sus funciones, como son las auditorías a las instituciones gubernamentales.
“El organismo encargado de ejercer el control de la fiscalización de los bienes económicos del Estado no puede enviar un mensaje que contradice el espíritu de economicidad y razonabilidad para el buen uso de los recursos públicos”, agregó Castaños Guzmán.
Refirió que en los últimos años el porcentaje de los ingresos que el sector público debe destinar al pago de salarios de alto nivel se encuentra en ascenso, “sin que los resultados en materia de eficiencia, en ciertas instituciones estatales, sean satisfactorios”.
“A la luz del ordenamiento legal vigente, la actuación de la Cámara de Cuentas se suma a una serie de decisiones adoptadas por los órganos públicos que, lamentablemente, se han caracterizado por ser inoportunas, desconsideradas, descoordinadas, incoherentes y cuestionables, y que refuerzan las percepciones sociales que alimentan la falta de credibilidad en las promesas estatales de practicar la austeridad, cultivar la eficiencia y mejorar la comunicación hacia la sociedad”, puntualizó.

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