En el proceso de modernización de la jurisdicción inmobiliaria, que arrancó en 1997, se registran como avances la instalación de salas de consultas en todo el país, la implementación de nuevos formatos de papelería, así como la digitalización de libros y planos. Tales hallazgos aparecen en un diagnóstico sobre el Sistema de Justicia Inmobiliaria de República Dominicana, realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

La entidad también cita como avances el funcionamiento de una Unidad de Cartografía, dependiente de la Dirección General de Mensuras Catastrales. Esa unidad, según el diagnóstico de Finjus, ha creado una serie de capas de información, a través de la vectorización de planos, que ha logrado identificar una buena cantidad de solapamientos de casos a nivel nacional.

En sentido general, para la Finjus el Estado ha realizado importantes inversiones y dedicado grandes esfuerzos para mejorar la justicia inmobiliaria y el registro de la propiedad. Sin embargo, los hallazgos también tocan aspectos negativos de la referida jurisdicción, tales como los vacíos legales y técnicos que predominan en áreas de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, las dificultades en la implementación del Sistema de Gestión y Automatización Registral, entre otros.