Asimismo, valoró cambios sustanciales, con el objetivo de dar respuesta a nuevos problemas generados por la criminalidad y el aumento de la conflictividad social

Al cumplirse en este 2024 que recién inicia, los primeros 20 años de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera oportuno que los actores del sistema, la comunidad jurídica y académica, así como toda la sociedad propicien la realización de diagnósticos y espacios de evaluación y reflexión sobre el impacto de esta legislación y la necesidad de adecuación, a la luz de las nuevas realidades sociales.

La entidad hizo el planteamiento al pasar balance del sistema de justicia durante el 2023, en el marco de los procesos de la institucionalización democrática, resaltando los logros alcanzados e identificando los retos y perspectivas de cara al presente año.

En ese contexto, la organización de la sociedad civil aboga por una especial protección por parte del Ministerio Público a las víctimas de violencia, garantizando de manera efectiva sus derechos, y proporcionándoles los mecanismos necesarios para velar por la reparación de los daños ocasionados.

Resalta que la violencia de género, continúa siendo un flagelo social que impacta en todos los niveles. Por ello, agrega es un desafío establecer políticas uniformes y efectivas de atención y persecución, atendiendo a la no revictimización.

“Nuestro país amerita que, por medio de normativas operacionales, se dispongan condiciones que maticen y castiguen los niveles de violencia”, precisa.

Es fundamental que se adopte un enfoque multidisciplinario cuyas respuestas sean tanto transversales como verticales en los diferentes organismos del Estado.

También, es imprescindible impulsar un sistema de prevención coordinado para que se logren avances multisectoriales con oportunidades de colaboración de acceso, promoción y supervisión de servicios para las víctimas.

En el documento, Finjus aborda el problema de la sobrepoblación de los recintos, lo que pone en evidencia la urgencia de dignificar el sistema penitenciario. Desde su óptica, la dignidad del ser humano es inviolable y constituye un derecho fundamental para todas aquellas personas privadas de libertad.

“Concebimos la solución de este grave problema en la implementación de un programa pluridisciplinario de capacitación, aprendizaje y orden que vele por el correcto cumplimiento de la medida establecida para el recluso”.

Propone conocerse y evaluarse la situación particular de cada interno para desarrollar alternativas funcionales en el marco del respeto a sus derechos y evolución del sistema.

Igualmente valora la labor realizada por la Oficina Nacional de la Defensa Pública y reitera su apoyo a la demanda de mejores condiciones y recursos para extender sus servicios y mantener los altos niveles de eficiencia que le han caracterizado.

Finjus considera de interés nacional mantener los esfuerzos relativos a la adecuación normativa que apunta a la prevención y persecución de la ciberdelincuencia desde una perspectiva integral, procurando un instrumento reglamentario coherente a la diversidad y complejidad que entraña la persecución de las distintas tipologías delictivas relacionadas con el ciberdelito.

Cibernética

Según considera la entidad, tanto las personas físicas como las organizaciones privadas y públicas han quedado expuestas a las vulnerabilidades de los sistemas de intercomunicación y manejo de la información de lo cual es innegable la necesidad de avanzar en la preparación, prevención y cuidado en su uso para contrarrestar el progresivo impacto de la delincuencia cibernética.

De esto último, sale a relucir la necesaria regulación de delitos como el sexting, grooming, happy slapping, y sextortion cuyas consecuencias se reflejan con mayor índice en los niños, niñas y adolescentes.

Otro de los retos más destacados de cara a este nuevo año 2024, es la aplicación de la ley de extinción de dominio y de aquella que instaura la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, para lo que es imperioso adoptar una regulación que de respuestas a la realidad jurídica de la República Dominicana.

Dentro de los retos pendientes con relación al sistema de justicia, la organización cita que deben continuarse fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan. La superación de los retos antedichos, representan necesidades escalonadas y próximas a otras similares en entidades del Estado dominicano.

En el plano institucional, permanecen aún en la agenda prioritaria un conjunto de reformas que tendrán un impacto significativo en la acción del sistema de justicia y que deben ser abordados en 2024, como son la modificación de la ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, No. 10-07; la adopción de un Código Penal consensuado y moderno; una nueva ley de Contrataciones Públicas; la ley sobre trata de personas y el establecimiento del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, como parte importante del balance institucional del 2023, “observamos con satisfacción la iniciativa que plantea regular la figura del indulto en el país. Para propiciar un Estado orientado a perseguir la conservación, estabilidad e integridad como objeto principal para el bienestar y seguridad ciudadana, se hace necesario profundizar la regulación sobre esta figura”.

La Finjus entiende que el 2024 debe propiciar el escenario oportuno donde el Estado y la sociedad establezcan mecanismos fluidos y ágiles que faciliten la colaboración interinstitucional para superar la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que entorpecen el logro de soluciones efectivas. “Queda así claro que nuestra meta es robustecer el Sistema de Justicia y la seguridad y participación ciudadana”, acotó.

El 2024 se puede traducir en el escenario ideal para la implementación de las reformas pendientes, cuyo éxito está subordinado al fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y el impulso de la justicia e institucionalidad democrática.

Avances

De acuerdo a Finjus, el sistema de justicia atraviesa por cambios sustanciales que buscan dar respuestas a los nuevos problemas generados por la criminalidad trasnacional y el aumento de la conflictividad social. Esto implica crear mecanismos que aseguren la autonomía reforzada de los órganos hasta el logro de una persecución penal más estratégica.

Señala que este proceso ha dado como resultado el avance en la implementación de las reformas legales y operativas que han permitido la virtualización de la justicia y el establecimiento de protocolos de seguridad para desmontar las ineficiencias y aumentar el acceso a la justicia de manera más ágil y coherente con los principios que la rigen.

“FINJUS valora positivamente los avances en esta dirección registrados por el Poder Judicial y el Ministerio Público”, puntualizó. No obstante, considera un desafío para el sistema que sus órganos aúnen esfuerzos en torno a la investigación y la persecución penal.

Otro de los aspectos más importantes a ser valorados al cierre del 2023 es la gestión de algunos de los ejes de la seguridad ciudadana, dentro de los cuales se destacan los avances de la reforma policial.