Finjus considera urgente modificar la ley 200-04

Finjus considera urgente modificar la ley 200-04

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró ayer que es urgente la modificación de la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, de forma que sea un órgano independiente el que regule su aplicación, para así garantizar su cabal cumplimiento.

Según dijo, pese a que la legislación otorga facultad a cualquier persona u organización social para solicitar al órgano de “Control Externo” la realización de auditorías en órganos estatales de alcance nacional, regional o local, no se han establecido las vías para hacerla realidad.

“Se hace imperioso establecer los mecanismos que sean necesarios para superar una serie de obstáculos y así garantizar un mejor ejercicio de control por la sociedad dominicana que auxilie el combate contra la corrupción”, dijo.

Agregó que ante la inactividad de los órganos de control relativa al establecimiento de sanciones, es necesario que la ciudadanía se empodere y exija mayor transparencia.

Castaños Guzmán sostuvo que la iniciativa tomada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de promover la Ley 200-04 en las instituciones de educación básica y superior es un buen punto de inicio, ya que dotaría a la ciudadanía de informaciones necesarias para ejercer su rol de fiscalizador.

No obstante, añadió es imperiosa la promulgación de una ley que regule el control social y la participación ciudadana en el país.

En un documento enviado a HOY, puntualizó que también es importante fortalecer la institucionalidad en los distintos órganos de control.

El representante de la sociedad civil indicó que hace falta implementar talleres de formación para los miembros de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República sobre técnicas de auditoría enfocadas en detectar indicios de responsabilidad penal.

Del mismo modo, dijo que los informes de auditoría deberían realizarse por períodos y debe igualmente individualizarse la responsabilidad de los operadores.

Por otro lado, abogó por una mayor coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y los órganos de control, a fin de garantizar el éxito de las investigaciones y procesos penales que se lleven a cabo.

“Nunca antes habíamos contado con normas tan favorables para el control y fiscalización de los recursos del Estado y es precisamente por eso que resulta lamentable que las deficiencias tratadas continúen presentes”, enfatizó.

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