La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó hoy que está preocupada por las decisiones adoptadas por la Junta Central Electoral (JCE) dando un carácter migratorio a cuestiones registrales, que podrían afectar el Estado de derecho en el país.

Indicó que las medidas colocan al país en una situación de cuestionamiento ante organismos internacionales y reflejan niveles de incoordinación y no sujeción a la ley

A través de una nota de prensa, FINJUS explicó que el Pleno de la Junta en la sesión administrativa ordinaria del 21 de febrero del 2013, decidió enviar a la Dirección General de Migración los expedientes de 19,015 casos que, de acuerdo a la revisión de sus registros de declaración de nacimiento, están supuestamente afectados de irregularidades.

La entidad dijo que le preocupa el hecho de que la JCE, en lugar de actuar de acuerdo con el orden constitucional vigente, haya decidido convertir en un asunto de carácter migratorio en lo que es una cuestión de carácter registral, que de acuerdo al artículo 212 de la Constitución, párrafo IV es de su competencia.

“No es de extrañar que el país sea denunciado ante los organismos internacionales competentes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para responder ante las quejas de personas que alegan que sus derechos y garantías constitucionales han sido violados por ese organismo», expresó la institución.

FINJUS señaló que la presunción de legalidad de los documentos emanados por el Registro Civil en el país está garantizada por el Código Civil y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, hasta tanto sean inscritos en falsedad, es decir, hasta que los tribunales civiles de la República declaren la falsedad.