La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su preocupación por  las debilidades institucionales detectadas en la prevención y persecución relacionada con el crimen del lavado de activos que se desprenden de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la  subasta de los relojes incautados a José David Figueroa Agosto.

 Finjus señaló que es altamente cuestionable que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos no verifique previamente el origen de los fondos de quienes serían los adquirientes de los bienes subastados. “Cuando se verifica el pliego de condiciones exigido a quienes participarían en la subasta, puede advertirse que no se requiere una certificación de Impuestos Internos para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La Declaración de Impuestos debería ser lo primero que se exija a quien  quiera ser adquiriente de un bien subastado por el Estado”,  expresó  Servio Tulio Castaños, vicepresidente  de Finjus.

Dijo que  el cumplimiento de las obligaciones fiscales constituye un instrumento importante para la lucha contra el lavado de activos, pero lamentablemente no ha sido utilizado de manera apropiada para tales fines.

Afirmó que la Dirección General de Impuestos Internos se ha constituido exclusivamente en un órgano recaudador de recursos y su labor de policía se ha centrado casi exclusivamente en  usuarios registrados.