El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, calificó ayer de absurda la decisión del exjuez consejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera de intentar asilarse en la embajada de la Santa Sede, porque no es un perseguido político, sino un acusado por el Ministerio Público de corrupción y de integrar una banda criminal.

Entiende por esto que el exfuncionario judicial debe ser el primero en querer demostrar su inocencia en lo tribunales. Planteó que fue una situación penosa que accediera a la Nunciatura Apostólica

Castaños Guzmán rechaza que el expediente de Arias Valera sea por persecución política como este afirma y de cuya acción responsabiliza al presidente de la República, Danilo Medina, y al del Senador, Reinaldo Pared Pérez.

Arias Valera, a quien se le imputa negociar sentencias para favorecer a personas acusadas de narcotráfico junto a la suspendida jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, declaró que pedía asilo en la sede del Vaticano amparado por el artículo 22 de la Convención Americana.

Empero, el ejecutivo de la Finjus empresa que el artículo 46 de la Constitución le prohíbe hacer la solicitud, ya que el beneficiado con la prisión dominiciliaría no es un perseguido.

«Lo primero es que este caso no tiene ningún tipo de implicación política. Este es un caso que se ha apoderado a la autoridad competente porque el Ministerio Público ha entendido que existen una serie de hechos y de pruebas que tipifican el tipo penal en una jurisdicción criminal, frente a los hechos que se le imputan. Nadie sabe las razones que él tiene y lucía un poco perturbado», opinó, al de analizar el perfil que mostró el exjuez ante los medios de comunicación.

Expresó que Arias Valera tendrá sus razones para haber pedido que a su esposa se le garantice su empleo de profesora en el sistema público, sin embargo, en cuanto a su caso, dijo que si alega que es inocente, el escenario ideal para probarlo al país es el tribunal apoderado de su caso.

«El hecho de él solicitar asilo ante el Estado Vaticano, fue totalmente improcedente, porque no procede en esos casos».

Manifestó que el artículo 46 de la Constitución establece en su numeral 2 que: «Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional en caso de persecución por razones políticas», y el caso de Arias Valera no tiene ningún matiz político.
Dijo que en 1958 el país ratificó el Acuerdo sobre Asilo firmado por América Latina, pero la Constitución establece no son delitos políticos el terrorismo, los crímenes contra la humanidad, la corrupción y los delitos transnacionales».