La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que se hace urgente combatir el entorno “amigable o generoso” y las estructuras de poder en que se ha desarrollado el crimen organizado en el país, especialmente, el narcotráfico.

 El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaño Guzmán, precisó que la matanza de siete  personas en Paya, Baní,  y otros lugares del país, requieren que el Estado adopte una postura de “Tolerancia Cero”  en materia de permisividad contra las infiltraciones del crimen organizado en instituciones del Estado y, de manera particular, en los organismos de seguridad pública como las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía. “El Estado debe encaminarse a desarticular todas las redes de apoyo que se han creado al interior de los organismos estatales, que dan soporte, pasan informaciones o simplemente descuidan sus responsabilidades, para facilitar la entronización del crimen organizado”, enfatizó.

Castaños Guzmán se refirió al tema, tras  fijar su posición sobre la seguridad ciudadana como una política pública, y que  será planteada formalmente en la cumbre del gobierno a realizarse el próximo miércoles.

 De igual manera, el vicepresidente de Finjus  favoreció el diseño de programas eficientes e integrales que faciliten la reinserción social y laboral de los condenados que han cumplido su pena.

Programas.   Asimismo,  la entidad plantea la necesidad de incrementar los programas integrales de desarrollo social y comunitario en las zonas del país con mayor exclusión social, a través de la capacitación de los jóvenes para su inserción laboral, así como el mejoramiento de los servicios sociales fundamentales, como educación, salud, transporte  y prevención de la violencia.

Las claves

1. Efectividad

 El vicepresidente ejecutivo de la FINJUS sostuvo que se debe incrementar la efectividad del sistema de justicia penal en las tareas de investigación, persecución y acusación de los delitos y crímenes.

2. Seguridad privada

Abogó por mecanismos más  eficaces para la supervisión y control de los organismos de seguridad privada, de forma que sus miembros sean personas  idóneas para el servicio que brindan.