La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que las mafias detectadas a lo interno de la Jurisdicción Inmobiliaria no solo atentan contra el derecho de propiedad y la seguridad jurídica, sino también contra el segundo renglón en materia de inversión nacional y extranjera en el país.
Señaló que lo ocurrido en el caso de los sucesores de la fenecida Piky Lora no es nuevo, pero sí peligroso.
“Peligroso porque esas estructuras mafiosas son operadas a lo interno por funcionarios que representan esas instituciones, según las investigaciones que se han hecho a la fecha”, dijo Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
Agregó que en este caso la situación es más grave porque, según se alega, hasta hubo falsificación de documento y suplantación de una persona que tiene más de una década de muerta.
Afirmó que esas malas prácticas “que se han venido dando por décadas a lo interno de las instituciones que conforman el Estado dominicano, incluyendo el Poder Ejecutivo, el Congreso y el propio Poder Judicial”,
Citó como ejemplo los casos de Bahía de Las Aguilas, Corde (Los Tres Brazos, y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y afirmó que esas malas prácticas no podrán ser erradicadas mientras las sanciones se limiten a amonestaciones y destituciones de los responsables.
Un reto para Poder Judicial y la Procuraduría General. El vicepresidente ejecutivo de Finjus dijo que el caso de la utilización de la firma de la doctora Lora para hacer deslindes ilegales en unas tierras suyas que dejó como heredad a sus hijas, es un reto no solo para el Consejo del Poder Judicial (CPJ) sino también para el procurador general, Jean Rodríguez, porque ahí hay delitos de tipo penal.
Señaló que toda actividad pública está expuesta a que se den este tipo de situaciones, y por eso existen los tipos penales para aquellos servidores que se separan de lo que son sus atribuciones como funcionarios públicos.
“Nosotros hemos visto casos de personas que venden una propiedad varias veces, desde la sociedad; pero que eso ocurra desde el propio Poder Judicial, evidentemente que eso refleja que no hay garantía para aquél que ostente la propiedad de un inmueble”, agregó el vocero de la Finjus.
Dijo que ojalá este caso sirva para dar un ejemplo, para que aquellos que desempeñan funciones públicas se sometan a lo que son sus atribuciones y se sepan comportar.