FINJUS dice hay timidez gobierno

POR GERMAN MARTE
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró ayer que el gobierno ha sido “tímido e inconstante” al perseguir la corrupción y crear las bases institucionales para un sistema de justicia que no transija ante las presiones de los sectores partidarios y económicos comprometidos con esas prácticas.

Sin embargo, dijo que el país vive una coyuntura clave para dar pasos de avance en el propósito de erradicar la corrupción y castigar a los responsables de la misma.

Entre los retos que según Finjus tiene la justicia dominicana están los  fraudes bancarios, el caso Quirino Castillo, el fraude del Plan Renove y el de los generales y oficiales superiores de la Policía Nacional que usufructuaban vehículos robados.

“La determinación de responsabilidades, o corresponsabilidades, en los hechos que condujeron al fraude bancario acaecido entre 2003 y 2004, debe avanzar con mayor rapidez, al tiempo que se aseguren todas las garantías del debido proceso”, expresa Finjus en un espacio pagado que se publica en esta misma edición.

Dijo que los ciudadanos siguen esperanzados en que el sistema de justicia penal conozca a fondo todos los procesos en curso, produciéndose los veredictos correspondientes y las sanciones de lugar.

Asimismo, según la Finjus, es esencial que el gobierno aclare todas las implicaciones derivadas de la investigación de los casos de narcotráfico, especialmente el que vincula a Quirino Castillo, y que la sociedad dominicana tenga la seguridad de que quienes han tenido o tienen funciones públicas y que hayan estado en colusión con los responsables del narcotráfico, serán investigados y llevados a la justicia si son responsables.

Por años, dijo, el pueblo dominicano ha manifestado su repudio contra todas las formas de corrupción que han expoliado el Estado y han servido de base para la creación de sistemas de influencia política y partidaria en desmedro de las aspiraciones democráticas de la nación.

Manifestó que el desencanto que ha causado entre amplias capas de la población la reiteración de las prácticas corruptas y la cultura de impunidad se ha constituido en una de las amenazas más poderosas contra la consolidación de un verdadero Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.

Y aduce que el combate a la corrupción se constituye en la actualidad en una prioridad nacional, tal como reflejan los más importantes estudios de opinión realizados en los últimos años, siendo este tema el que con más energía moviliza la opinión pública sensible y aglutina a su alrededor a quienes aspiramos a una sociedad democrática, próspera y competitiva.

Finjus respaldó la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública y Combate a la Corrupción, que incluye a los principales actores gubernamentales y la sociedad civil, y dijo que espera la materialización de las declaraciones del Presidente de la República en el sentido de que se propone regular mediante decreto la contratación de obras y servicios públicos,  eliminando el sistema de grado a grado que tanto daño ha causado a la economía y la sociedad dominicana.

Por otro lado, destacó la aplicación de las leyes de libre acceso a la información pública y de regulación de las asociaciones sin fines de lucro, que sientan las bases para el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida con la superación de las condiciones que históricamente han favorecido la corrupción y el clientelismo en el país.

Empero, dijo que el sistema de grado a grado es una muestra de debilidad e incoherencia en algunas áreas claves de la administración pública.

 Asimismo critica “actitudes intolerantes” de algunos funcionarios públicos frente a la labor independiente del periodismo de investigación serio y responsable, preocupado por informar objetivamente sobre compras gubernamentales con los vicios tradicionales del grado a grado.

En otro orden, Finjus consideró inoportuno el momento para modificar la Constitución de la República de los últimos años le ha hecho mas daño a la institucionalidad del país que

los males inherentes que la misma pueda contener, y afirma que el desarrollo de una cultura constitucional en el país se logra de manera más adecuada mediante su correcta interpretación y aplicación, que modificándola constantemente.