La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) afirmó ayer que la instancia incoada por el Partido Demócrata Popular (PDP) ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) solicitándole impugnar, vía control difuso, el artículo transitorio de la Constitución que prohíbe la repostulación del presidente Danilo Medina, carece de legitimidad.
Agregó que entender la posible verificación constitucional del vigésimo transitorio de la Constitución mediante la excepción de inconstitucionalidad, sería continuar en la defensa de la idea de una “Constitución inconstitucional”, lo cual resulta irracional y carente de base jurídica, como ya lo indicó el Tribunal Constitucional en su sentencia número TC 0352/18.
La entidad de la sociedad civil recordó además que la legitimación para plantear inconstitucionalidad está reservada estrictamente a las partes envueltas a las cuales se les impongan los efectos del juicio a ser dado, por lo que entiende que los accionantes parecerían no tener interés legítimo en la cuestión.
Indicó que la excepción de constitucionalidad que se desprende del texto constitucional que abre la posibilidad de verificación de la norma en cualquier nivel jurisdiccional, propone que la misma sea planteada a manera de un alegato que surge en el marco de una contestación judicial principal y no de forma autónoma, pues esto sería ya una acción en inconstitucionalidad, la cual debe ser objeto de control concentrado.
“A los fines de la instancia de que se trata, nos parece que no hay un caso concreto alrededor del cual se haga un juicio de constitucionalidad de efecto inter-parte”, dijo.