La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) rechazó ayer la propuesta de modificación a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sometida por el diputado reformista Ramón Rogelio Genao, por considerar que en vez de resolver el conflicto político lo revive.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, afirmó que la única vía para resolver el impasse creado en torno a la citada ley es reintroduciéndola a las cámaras legislativas como manda el Artículo 107 de la Constitución.
Dijo que la pretensión de llevar a la opinión pública un debate sobre el contenido de esta ley es una forma de eludir el centro del problema.
Recordó que la deliberación pública en torno a la ley que crea el CNM surgió básicamente de un cuestionamiento a la mayoría con que pretendieron aprobarse las observaciones presidenciales a la misma, y casi todos los expertos en derecho constitucional concluyeron en que esas observaciones no fueron aprobadas válidamente, y por tanto la ley había sido desechada.
Una ley desechada no puede ser modificada, sino reintroducida como manda la Constitución, por lo que admitir la propuesta de Genao implicaría dar por sentado que el CNM fue adoptado válidamente, lo que crearía un funesto precedente que no permitirá resolver situaciones similares en que se pretenda aprobar observaciones a las leyes orgánicas con una mayoría simple, afirmó Castaños Guzmán.
Sugirió que la Ley del CNM será reintroducida en la presente legislatura en razón de que ya se han vencido los plazos para integrar las altas cortes del país y no se puede seguir dilatando la elección de sus magistrados sin incurrir en una inconstitucionalidad por omisión.
Dijo que eso justificaría la no espera de la próxima legislatura para adoptar la Ley del CNM y posteriormente elegir los magistrados del TC, TSE, y la SCJ.
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Propuesta Genao
El vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Cámara de Diputados, Ramón Rogelio Genao, sometió un proyecto de ley que modificaría los artículos 12 y 13 de la Ley que crea el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que permitiría un quórum mínimo para se pueda sesionar válidamamente a partir de una tercera convocatoria, y eliminaría el voto calificado o decisorio y estableciendo la mayoría absoluta en toda deliberación.