La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) afirmó ayer que el gran reto que afronta la ciudadanía en estos momentos, para poder volver a la normalidad que tanto desea, «es de civismo, compromiso social y de apego a la legalidad y la racionalidad», y que el sostén económico depende de factores que no son ajenos a la responsabilidad individual y colectiva.
Dijo que es precisamente esta coyuntura la que abre una ventana de oportunidades para replantear ante la ciudadanía el mejoramiento de aspectos concernientes a los poderes públicos desde el ámbito local y nacional, pero reiteró que cualquier rediseño o puntualización que se haga para fortalecer el actual esquema institucional del Estado dominicano, debe estar acompañado de diálogo.
La entidad de la sociedad civil consideró que el primer paso a dar como propuesta dirigida hacia el comportamiento ciudadano ante el COVID-19, recae en la instalación de un Plan Nacional Integral entre los sectores que componen la vida social y económica de la nación.
Indicó que para eso se requiere dotar a las instituciones de mayor transparencia y mejor acercamiento a la ciudadanía, «lo que significa la democratización de las tomas de decisiones, partiendo del respeto al imperio de la ley».
Agregó que para fortalecer la seguridad jurídica, cualquier medida que se tome desde el Estado para superar los efectos de la pandemia, «debe responder a las necesidades reales» de las diferentes localidades y a las posibilidades de instituciones y organizaciones sociales del país.
«Tal como hemos planteado en situaciones anteriores, es urgente la modernización y adaptación del Estado como elemento estratégico de la cohesión social, para así dotar a la sociedad de respuestas eficaces ante la compleja temática que implica la superar la realidad actual”, dijo la FINJUS a través de su vocero Servio Tulio Castaños Guzmán.