Finjus en   contra  de tribunal superior electoral

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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que la reforma constitucional debe servir para el fortalecimiento del sistema electoral.

Consideró fundamental  la reestructuración interna de una Junta Central Electoral (JCE), que funciona a tres ritmos diferentes, entre un pleno con funciones reglamentarias, una cámara con funciones administrativas y otra  con funciones contenciosas.

El  vicepresidente ejecutivo de  Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que es necesario separar orgánicamente las funciones administrativas de las jurisdiccionales.

“Pero crear un Tribunal Superior Electoral no es la opción más adecuada. Vivimos en un país pobre y, por tanto, tenemos que pensar en el uso eficiente de los recursos públicos. La justicia contencioso-electoral es esencialmente de naturaleza contencioso-administrativa. Así, pues, entendemos que la jurisdicción competente para resolver los litigios electorales debe ser la contencioso-administrativa”, señaló.

Entiende que a la JCE sólo correspondería la organización y supervisión de los torneos electorales y las demás atribuciones que le otorgue la ley.

Dijo no creer  que atribuir a la jurisdicción administrativa lo contencioso electoral produzca su politización, como temen algunos sectores.

Asimismo,   Finjus entiende prudente reducir a cinco miembros la matrícula de la JCE y que éstos sean nombrados por el Senado  de las ternas que al efecto  presente la Cámara de Diputados. Pero es necesario prever que exista un plazo para la presentación de las ternas, vencido el cual y sin la presentación de las mismas, el Senado pueda elegirlos motu propio.

Dijo que lo más coherente es la participación de ambas cámaras  en ese tipo de decisiones.

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Reforma electoral

La Asamblea Revisora conocerá hoy  una modificación a la propuesta sometida por el Poder Ejecutivo en el proyecto de reforma constitucional, en lo que tiene que ver con el funcionamiento y  conformación de la Junta Central Electoral (JCE)  y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se plantea integrar un único organismo electoral de solo cinco miembros,  con lo que se volvería al viejo sistema de 1990..