El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, estimó ayer que uno de los temas neurálgicos para la eventual aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es la transparencia.
En documento enviado a los medios, agregó que las propuestas relacionadas a la claridad en el manejo de los fondos de las organizaciones políticas todavía no han encontrado el punto de consenso necesario para que “nuestro ordenamiento jurídico cuente con pronta incorporación”.
Destaca que FINJUS ha insistido en promover cada uno de los temas trascendentales para combatir la corrupción que corroe el sistema político, por lo cual “consideramos fundamental que no queden lagunas que impidan solucionar problemas a futuro”.
Sobre el particular, explicó que el organismo consideró que de aprobarse una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán tomarse en cuenta dos aspectos sumamente relevantes para la transparencia y, por ende, para mejorar la calidad democrática del país.
Son estos el ajuste de los fondos de los partidos a las normas relativas al sistema de compras y contrataciones y el desglose obligatorio de los fondos públicos y privados por parte de las organizaciones políticas.
Detalló que la evaluación de la aplicación de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas en los diferentes estamentos de la Administración Pública ha revelado las deficiencias que existen en el sistema nacional de compras y contrataciones, “lo que es más dramático cuando se analiza todo lo relativo al notable descontrol existente en las rentas públicas por parte del Estado”.
Recordó que en otras ocasiones, desde FINJUS se han realizado propuestas para la reforma de esa norma, “puesto que consideramos que de esa manera se convertiría en un valioso instrumento para la vigilancia y la transparencia del gasto público”.
Sostuvo que cuando se analiza la naturaleza homogeneizadora de esa normativa, se puede notar que reviste suma importancia en el propio funcionamiento del manejo eficiente de los fondos públicos en el Estado social y democrático de derecho.
Agregó que sobre el desglose de los fondos públicos y privados los partidos políticos reciben tanto fondos públicos como privados, atendiendo al texto del artículo 47 “de nuestra normativa electoral y a la cultura política tradicional”.
Dijo que en ese aspecto queda claro que ha habido consenso por parte de la ciudadanía en que se mantenga un financiamiento mixto, por el momento. “Sin embargo, no se ha establecido aún una obligatoriedad del desglose de los fondos que reciban las organizaciones políticas, puesto que al ser instituciones de derecho público susceptibles de auditorías por parte del Estado –a fines de mayor transparencia–, debe aclararse cuándo están actuando en ejecución del financiamiento recibido de fuentes privadas o cuándo proviene de las arcas estatales”, señaló el experto.
Recordó que la Constitución establece que los partidos en cuanto a “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley”.