La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) valoró como positiva la decisión judicial que condenó a los profesores de Barahona a un pago de RD$50 mil diarios en astreinte, por cada día que permanezcan sin impartir docencia, por participar en un movimiento huelgario.
Para la entidad, la decisión emitida en amparo por el juez Máximo Matos Félix, de la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo reafirma que el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar sustancialmente la continuidad de los servicios públicos esenciales, ni el orden social ni la paz pública.
Explica que la Constitución establece un catálogo de derechos que dotan de sustancia al Estado Social y Democrático de Derecho y permiten esclarecer el orden de valores y principios sobre los cuales se organizan los poderes de la nación.
En ese sentido, Finjus señala que la Constitución no se limita simplemente a afirmar la existencia de un derecho a la educación y de un servicio público educativo, si no que dota a la educación de un contenido específico y le otorga un papel preponderante en elproyecto nacional, fundamental para el desarrollo integral de las personas, la solidez democrática de la República, el desarrollo económico y la riqueza cultural del Estado.
Entiende que, al tomar la decisión, el juez ponderó adecuadamente el ejercicio de los criterios e hizo una pertinente ponderación de derechos, amparada en altos criterios doctrinales y jurisprudenciales.
La citada decisión, emitida la semana pasada, encontró el rechazo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).