Control ciudadano. Iniciativa debe ser socializada

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) destacó la importancia del proyecto de ley Orgánica de Derechos de Participación y Mecanismos de Control Social que cursa en la Cámara de Diputados, aunque plantea algunas recomendaciones.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que el control social ciudadano, la transparencia, la prevención de la corrupción y las nuevas formas de deliberación y toma de decisiones públicas forman parte de la consolidación del modelo de Estado social y democrático de derecho y sobre ello descansa la institucionalidad.

Como parte de las recomendaciones, el jurista plantea aumentar hasta 100 salarios mínimos e, igualmente, incluir penas de prisión de uno a tres años para los funcionarios que incurran en el uso de recursos del Estado para efectuar campañas de promoción en materia de referendos y plebiscitos nacionales.

Dijo que la sanción imponible en el proyecto es muy leve, ya que solo estipula multas. En lo que respecta a los sujetos de la participación, contenido en el artículo 3 del proyecto, sugiere modificar su redacción para que se establezca con claridad la posibilidad de ejercer directamente estas prerrogativas, desde la propia autonomía individual por la condición de ciudadano que se materializa en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales.

Propone que el texto diga “Son sujetos de derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social todas las personas en el territorio dominicano, las dominicanas y los dominicanos en el exterior y demás formas de organización lícita conforme las leyes de la República, que puedan promover libremente las personas en el país o la población en el exterior”.

A tales fines, se delimitan como sujetos de participación y mecanismos de control social el sector cívico, compuesto por organizaciones sociales territoriales y sectoriales, iglesias, universidades u otras entidades de carácter general y el sector político, integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales, las instituciones públicas del gobierno central, instituciones descentralizadas y autónomas, gobiernos locales y los movimientos, agrupaciones y partidos políticos.