FINJUS insta al Congreso a respetar ley de Presupuesto

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servicio Tulio Castaños Guzmán, advirtió ayer que el Congreso no puede seguir conociendo el Presupuesto de la nación violando leyes de orden público que indican los fondos que  corresponden a cada poder del Estado y a las instituciones de servicios.

Precisó que el Congreso tendrá que crear una especie de órgano para monitorear la implementación de las leyes que asignan a las instituciones los porcentajes del Presupuesto nacional.

Asimismo, favoreció que los bienes de los funcionarios públicos sean auditados y que quienes no se sometan al proceso, sean sancionados y se les suspendan los pagos.

Sobre las quejas del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, de que ese poder del Estado carece de recursos, dijo que ciertamente el sistema de justicia requiere de  fondos para  no sólo implementar proyectos, sino también para desarrollar programas.

Manifestó que lo más preocupante es que no se ha cumplido la ley que señala el monto que debe ser entregado al poder Judicial.

Sacó a relucir que la queja que tiene el poder Judicial  también la tienen los ayuntamientos, debido a que no se les asigna el 10% de las recaudaciones, como lo manda una ley.

Manifestó que a la Secretaría de Estado de Educación tampoco se le entrega el 4% del Producto Interno Bruto.

“En la medida en que e Congreso siga conociendo del Presupuesto y violando leyes que son de orden público, evidentemente que es el Congreso que  está atentando contra la institucionalidad”, subrayó.

La clave

Auditoría real

Castaños Guzmán está de acuerdo con las declaraciones del presidente electo en el Instituto de Auditores Internos (IAI), Yovanny Roa, para que se elabore una ley que obligue a auditar los bienes de los funcionarios públicos y los legisladores. El jurista  indicó que cuando se deja de pagar los impuestos y se pasa de cinco días, inmediatamente las autoridades de Impuestos Internos hacen un requerimiento. Sugiere  que ese rigor se aplique  a funcionarios del Estado.