La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) afirmó ayer que la nueva Ley de la Policía representa un verdadero hito en los esfuerzos del Estado dominicano para dar respuesta a la grave situación generada por la inseguridad, y que carecen de fundamento algunos reclamos de inconstitucionalidad de la misma.

Indicó que dicha legislación viene a superar “las distorsiones, disfuncionalidades y desencuentros de la acción policial” que propiciaba la antigua Ley número 96-04, la cual chocaba frontalmente con los principios y garantías constitucionales, tanto en el plano del derecho, de las prácticas policiales, la doctrina y los controles internos de una institución.

Objeciones no tienen base. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, señaló que como toda nueva ley, especialmente diseñada para regular un cuerpo armado, garante del orden y la convivencia ciudadana, la de la Policía ha generado algunos comentarios, observaciones o aparentes objeciones que merecen ser dilucidadas con rigor y prontitud.

Sobre limitantes al PE. Dijo que carece de fundamento el reclamo de inconstitucionalidad, por el hecho de que la nueva ley disponga algunos cauces y limitaciones para proteger la institucionalidad de la Policía frente al propio Poder Ejecutivo.

“Alegar la inconstitucionalidad de la norma respecto a que la designación del Director General será por dos años, carece de base sólida porque el mandato del Presidente en el texto de la Constitución deberá de ser ‘‘con arreglo a la ley’’, tal como plantea el precitado artículo 128 constitucional”, señaló.

Agregó que otra “falacia” aducida como observación a la referida ley, es la existencia de una serie de espacios a cargo, de manera exclusiva, de la Policía en la actividad de investigación penal, reclamando por ello que la acción policial no puede estar “sujeta” a la supervisión del Ministerio Público.

Indicó que esa visión del proceso de investigación penal no es compatible con el diseño constitucional vigente, el cual dispone que la investigación criminal sea una atribución de la Policía Nacional bajo la dirección legal de la autoridad competente, es decir del Ministerio Público, como lo establece la Constitución en su artículo 169.
Plazas para generales. Afirmó que la limitación en el número de plazas para oficiales generales responde a la libre configuración del Poder Legislativo, sobre la base de la designación de las plazas, “por tanto, esto no implica inconstitucionalidad’ de la norma aprobada”.

Comisiones Independientes. La FINJUS dice que el diseño es coherente con la modernización del cuerpo policial y responde a las necesidades de mejorar la relación con las comunidades y ganar su confianza, sobre todo ante casos de alta sensibilidad, como son las muertes provocadas por acción policial o las presuntas acciones de corrupción, discriminación u obstrucción de la justicia.
Las opiniones de la entidad de la sociedad civil fueron dadas a conocer a través de un documento.