La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer que independientemente de lo solicitado por el congresista Michael McCaul al Departamento de Estado de los estados Unidos, es tiempo de que las autoridades del sistema de justicia dominicana se sienten a resolver el problema en que se ha convertido la prisión preventiva en el país.

Dijo que el haberse convertido la prisión preventiva “en la regla” y no en la excepción como establece el Código Procesal Penal (CPP), desde hace muchos años está generando problemas no solo a lo interno del sistema penitenciario sino también al propio sistema de justicia.

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“O sea, la sociedad dominicana percibe que sin preso no hay proceso, pero la realidad es que la Constitución establece una serie de garantías que muchas veces se vulneran con la prisión preventiva”, dijo la Finjus a través de su vocero Servio Tulio Castaños Guzmán.

Indicó que aunque en el país se pasó de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, “parecería que la implementación del Código Procesal Penal se ha desnaturalizado”.

Dijo que desde el punto de vista de esa realidad , los actores del sistema de justicia deben sentarse a analizar la problemática, y sobre la base de las atribuciones que a cada quien le compete conforme a la Constitución, buscarle una solución.

“El hecho de que el Ministerio Público solicite permanentemente la prisión preventiva, esa es su naturaleza pedir eso como medida de coerción; pero también los jueces tienen que evaluar a fondo porque ellos están para preservar garantías”, observó.

Dijo que esta es una preocupación generalizada de la que se han hecho eco los medios de comunicación.