La Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) expresa su preocupación por la decisión de la Junta Central Electoral de eliminar la modalidad del voto preferencial, tanto en la forma como fue adoptada esa resolución como por el contenido de la misma.

A lo largo de los últimos años, se ha destacado el mejoramiento de la calidad de los procesos electorales como uno de los puntos de avances de nuestro sistema político. La confianza en el sistema electoral, como conjunto de mecanismos operativos, técnicos y políticos que garantiza el voto popular y la transparencia de las elecciones, se ha acrecentado en los últimos años.

Por eso, en su momento, se resaltó la importancia de la adopción del voto preferencial para asegurar que la ciudadanía pudiera elegir a los candidatos a diputados de su simpatía, superando las limitaciones que históricamente le impusieron las listas únicas de los partidos en la boleta electoral.

“Desde su adopción FINJUS apoyó la modalidad del voto preferencial porque con él se  disminuye la hegemonía de las direcciones de los partidos políticos y su nivel de influencia en la elección de los diputados al Congreso, tal y como venían haciendo con las listas cerradas en las que el orden de las mismas determina las posibilidades de elección”, manifestó el Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

El voto preferencial garantiza una mayor pluralidad en la integración del Congreso porque permite el ascenso de la disidencia dentro de los partidos para que pueda competir libremente. El sistema de voto preferencial democratiza el proceso electoral porque permite a la ciudadanía seleccionar a los candidatos de su preferencia independientemente del orden que le proponga el partido que le postula.

Es sabido que el sistema electoral determina en gran medida el sistema de partidos. El voto preferencial obliga a que las dirección de los partidos se sometan a las decisiones democráticamente adoptadas en su seno y de paso modela un sistema de partidos más participativo. Al contrario, el sistema de listas cerradas da lugar a acuerdos antidemocráticos que limitan la elección popular.

“Además, el voto preferencial es el mecanismo más coherente con los principios político partidarios que se introducen en la nueva Constitución. Aunque es cierto que el sistema del voto preferencial devela los conflictos partidarios internos, su ocultamiento atenta contra los cimientos de la democracia. Si ha de asumirse la transparencia que la Constitución postula para el funcionamiento de los partidos, cualquier medida que acreciente la capacidad de la ciudadanía para elegir a los mejores candidatos en las boletas partidarias debe ser estimulado” planteó el Dr. Castaños Guzmán.

Aunque algunos entienden que el voto preferencial estimula la contienda entre los candidatos de un mismo partido y disminuye la calidad de los partidos, igual hace el sistema de listas, pero contrario al primero, no lo hace de cara a la ciudadanía, sino de cara a las élites partidarias que deben conformar las listas cerradas.

Ninguno de los problemas que aún faltan por resolver en el sistema electoral dominicano, como el adelantamiento de las campañas electorales, el aumento de los costos de las mismas, y el fomento del clientelismo, han sido producidos por el voto preferencial. Una de las limitaciones de nuestra democracia descansa en la debilidad de los sistemas de controles de las fuentes de financiamiento, de los límites del gasto y de los tiempos de campaña. Hacia allí es donde deberían apuntar las resoluciones de los organismos competentes.

Con la eliminación del voto preferencial por parte de La Justa Central Electoral, la sociedad ha perdido capacidad para seleccionar efectivamente a sus diputados, y nos condena a volver a un sistema basado en listas cuyo orden es predeterminado por las direcciones partidarias, como ocurren con los regidores, lo que sin duda, constituye un retroceso a la institucionalidad democrática.

Es indudable que la Junta Central Electoral debió tomar dicha resolución en un dialogo social, que incluyera a los partidos políticos, las organizaciones sociales y profesionales y las universidades entre otras, para garantizar que la ciudadanía expresara sus posiciones, a fin de que su nueva función reglamentaria se revistiera de la legitimidad que fortalece el sistema democrático.