La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) aplauden el llamado que hace la Cámara de Cuentas para que funcionarios de 16 instituciones del Estado presenten su patrimonio en cumplimiento a la Ley de Declaración Jurada (311-14) y favorecen que quienes se resisten a revelar el monto de sus bienes sean sometidos a la justicia y cancelados de sus puestos.

Estas tres entidades de la sociedad solicitan al Ministerio Público, en la persona del procurador general Francisco Domínguez Brito, y al pleno de la Cámara de Cuentas que procedan con la persecución legal de los funcionarios que en el plazo de los 30 días no den a conocer su patrimonio personal, entre los que figuran miembros de los poderes Legislativo y Judicial, Policía Nacional, Junta Monetaria gobiernos locales y encargados de compras de algunas direcciones.

El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán; el coordinador general de PC, Cándido Mercedes, y el presidente de la FJT, Trajano Vidal Potentini, evaluaron el comunicado que el pleno de la Cámara de Cuentas publicó ayer en medios de comunicación, el que califican de una desesperación, ante la negativa de cumplir la rendición de cuentas.