La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), pidió ayer al Congreso aprobar el proyecto de Ley que regula el derecho constitucional de petición, establecido en el artículo 22 numeral 4 de la Carta Magna.
Consideró importante que se determinen los procedimientos, alcances, excepciones, limitaciones jurisdiccionales y los órganos encargados de hacer eficaz este ejercicio.
En qué consiste. La entidad de la sociedad civil explicó que en términos básicos, el derecho de petición es la facultad con que cuentan las personas físicas y/o jurídicas, a través de la realización de una solicitud, ya sea verbal o escrita, que se presenta ante un servidor público con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto.
Agregó que salvo que en ocasión del ejercicio de este derecho no se incurra en la comisión de un crimen o delito, esta prerrogativa no podría convertirse en un perjuicio para quien solicite una determinada intervención en un asunto público.
Consideró que es un paso de suma importancia para el fortalecimiento de la vida democrática nacional, que la ciudadanía inste a los poderes públicos a incentivar la regulación de un mecanismo de garantía de participación en los asuntos públicos.
“La existencia formal de una regulación del derecho de petición conllevaría a un mayor control social por sobre las actuaciones de nuestros servidores públicos. Además podrían garantizarse más espacios de diálogos entre la ciudadanía y sus representantes”, dijo la Finjus.
Refirió que el artículo 2 de la Constitución establece que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes[1]”.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, afirmó que el fortalecimiento de las instituciones depende, en gran medida, de cuál postura adopta el Estado frente al ejercicio de los derechos fundamentales en un documento.