El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que resulta imperativo que el Congreso Nacional priorice en su agenda legislativa, el conocimiento del Código Procesal Penal, esta vez respetando los parámetros constitucionales.

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Señala que el espacio sería propicio para revisar y precisar aspectos clave que afectan el funcionamiento del proceso penal, como es el caso de la declaratoria y el cómputo de los casos complejos, cuya ambigüedad genera inseguridad jurídica y dilaciones innecesarias. Asimismo, Castaños Guzmán considera indispensable fortalecer la aplicabilidad del principio de oportunidad y avanzar en la racionalización de los procesos, promoviendo una justicia más ágil y eficiente. También debe examinarse con rigor el rol de los distintos entes del sistema de justicia, en especial, el Ministerio Público, para garantizar una actuación coherente con los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

El jurista plantea, además, la necesidad de revisar las formalidades del proceso acusatorio, asegurando que éstas no se conviertan en obstáculos para el acceso a la justicia ni para la efectividad del sistema penal. Recordó que mediante la sentencia TC/0765/24, del 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, por vicios de forma, la Ley 10-15, que había introducido significativas reformas al Código Procesal Penal (CPP). Precisó que en un ejercicio de prudencia institucional, el TC decidió suspender los efectos de la sentencia por un año, permitiendo que durante ese período la ley continúe vigente para evitar un vacío normativo que pudiera comprometer la seguridad jurídica o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“La decisión no cuestiona el contenido sustantivo de la reforma, sino, que pone en evidencia un error procedimental que afectó el proceso legislativo, particularmente el principio de deliberación conjunta y la aprobación bicameral prevista en los artículos 76 y siguientes de la Constitución”.

En ese contexto, Castaños Guzmán reiteró la necesidad de observar estrictamente los procedimientos constitucionales, incluyendo la aprobación por ambas cámaras y el voto calificado cuando corresponda, para garantizar su validez.