La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer pertinente realizar algunas puntualizaciones sobre el proceso deliberativo y los retos que debe asumir el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para garantizar un proceso de selección y nominación de jueces transparente, participativo y consensuado con la sociedad en el marco de la Constitución y las leyes.

Sobre la exigencia de que la fase deliberativa de las reuniones del CNM sea pública, “consideramos importante destacar que Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, en su artículo 17 literal h, establece un principio de reserva limitativa cuando se trate de informaciones referidas a consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno”.
“En efecto, esta disposición legal faculta al CNM a no publicitar el proceso deliberativo y consultivo previo a la nominación de los representantes de las altas cortes. Sin embargo, esto no exime al Consejo Nacional de la Magistratura de actuar con transparencia y responsabilidad en el proceso de votación y nominación”, expresa Finjus.

No obstante a lo anterior, la entidad recuerda que es obligatorio que el proyecto de reglamento elaborado por el CNM cumpla con el proceso de publicidad y socialización, tal como lo establece el artículo 23 de la citada ley.
Así, todos los procedimientos deben ser conocidos por la ciudadanía, por lo que los criterios para evaluar a los candidatos deben ser claros y públicos, dijo.
Igualmente el CNM debe anunciar con tiempo las etapas del proceso que irá agotando y hacerlo en plazos que le permita participar a la ciudadanía.
Además, es necesario que los criterios de selección sean legalmente establecidos, técnicamente depurados y públicamente explicitados, señaló.

Otro aspecto neurálgico en el proceso de selección es el respeto a los criterios establecidos en la carrera judicial para la designación de los magistrados de carrera, expresó la Finjus.
Asimismo, es vital que la ciudadanía conozca el perfil de los candidatos a integrar esos órganos o cuáles son sus convicciones morales y políticas, dijo.
Además, la escogencia de los nuevos integrantes de las altas cortes debe realizarse sobre la base de un proceso mediante el cual resulten designados jueces objetivos, de trayectoria incuestionable, competencias y aptitudes adecuadas, moral intachable y que inspiren respeto de parte de la población, dijo la entidad.
La Finjus recuerda que el artículo 2 de la Constitución proclama que el soberano es el pueblo y el artículo 4 señala que todos los poderes públicos son responsables ante este soberano.

“Un momento de tal trascendencia no puede producirse de espaldas a la ciudadanía, que deberá jugar su rol de veeduría social, para seguir avanzando en la construcción de la institucionalidad democrática de país”, puntualizó Finjus.