La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) respaldó ayer el reclamo hecho por los jueces y servidores judiciales al presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán, afirmando que los compromisos asumidos en la Cumbre Judicial Nacional no pueden quedarse como postulados abstractos o simples enunciados.

Asimismo reiteró su llamado para que el CPJ emprenda las acciones legales necesarias para que se cumpla con la asignación del 2.66% del presupuesto al PJ como establece la ley.

La entidad de la sociedad civil reaccionó así ante el pronunciamiento del magistrado Germán, quien dijo que no hará diligencia personal ni se convertirá en mecanismo de presión para que a ese poder del Estado se le asigne en el presupuesto nacional que cursa en el Congreso, los recursos que le corresponden por ley; y la advertencia de la Coordinadora de Jueces que luchan por la Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial, de que si él no lo hace, tomarán medidas drásticas.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la FINJUS, le recordó al magistrado Germán que la recién celebrada Cumbre Judicial conoció a fondo la situación por la que atraviesa el Poder Judicial “y concluyó que uno de los factores clave para revertir algunos de sus problemas principales es el cumplimiento de su Ley de Autonomía Presupuestaria”, por lo que acordó emprender una serie de acciones dirigidas a lograr eso.
“Por ello, recomendamos al Consejo del Poder Judicial, que en virtud de lo acordado, emprenda las acciones legales necesarias para que se cumpla con la asignación del 2.66% del Presupuesto Nacional al Poder Judicial, establecido en la Ley No. 194-04”, dijo Castaños Guzmán.

Refirió que no obstante la expresión de voluntad del PJ a través de dicha Cumbre, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2017 excluyendo nuevamente el monto total que presentó el Poder Judicial conforme al mandato constitucional de autonomía presupuestaria.

“Su acción es el reconocimiento de que la negación de entregar el presupuesto que obliga la Ley, representa una intromisión en la vida institucional del Poder Judicial, una transgresión del principio de separación de las funciones supremas del Estado, y a los principios y valores de Estado social y democrático de derecho”, puntualizó.