La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) abogó ayer porque los debates entre los candidatos sean incluidos en el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral que conoce la comisión bicameral en el Congreso Nacional.

Dijo que el tema podría situarse en la regulación de la campaña electoral, siempre y cuando se realice la valoración de toda propuesta normativa electoral que, siendo compatible con la Constitución, contribuya a incrementar la calidad democrática de los partidos políticos y a facilitar el ejercicio de un sufragio informado para los ciudadanos.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la Finjus, señaló que República Dominicana es uno de los pocos países de la región donde no se ha podido efectuar el primer debate presidencial, no obstante los esfuerzos hechos por un sector del empresariado y los medios de comunicación.

Agregó que ante la falta de un compromiso político para la realización de los debates electorales por iniciativa privada, algunos sectores han propuesto que se instituyan mediante una ley que obligue a los principales candidatos presidenciales a participar en ellos.
Buena experiencia en región. Frente a esa propuesta, Finjus considera prudente visualizar la experiencia comparada en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Haití, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Ecuador, y más recientemente en Argentina, para establecer en el país regulaciones jurídicas sobre los debates electorales.

Resaltó que en el caso de los Estados Unidos no hay una regulación específica para los debates electorales, pero existe la Comisión de Debates Presidenciales a nivel federal que obliga a respetar escrupulosamente las normas constitucionales y en general, el ordenamiento jurídico.

“Los debates constituyen una sana práctica democrática que debe ser instaurada en la República Dominicana, ya sea mediante pactos políticos, como en la mayoría de los países de la región, o mediante ley, como en Colombia, Brasil, Costa Rica y México, siempre y cuando su regulación no signifique un requisito para el ejercicio del sufragio pasivo, es decir, que impida sustentar su candidatura”, sostuvo Castaños Guzmán
Alternativas. Indicó que para eso existe un abanico de opciones posibles que pueden ser tomados en consideración, entre los que destacó a las autoridades electorales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, los cuales dijo, están llamados a jugar un rol determinante en la organización de los debates para otorgar mayores niveles de legitimidad y confiabilidad.
Proyectos de Leyes. Los proyectos de Ley de Partidos Políticos y de reforma de la Ley Electoral número 275-97, se encuentran estancadas en el Congreso Nacional a la espera de que las organizaciones políticas representadas allí, y donde el partido oficialista es mayoría, se pongan de acuerdo sobre algunos puntos sensibles que han sido difíciles de consensuar.