Hoy 
POR ELVIS LIMA
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) pidió ayer a la dirigencia de los partidos no politizar el tema de la criminalidad y la seguridad ciudadana y que a la hora de abordarlo lo hagan como parte de la agenda nacional. Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de FINJUS, sostuvo que debido a la gravedad del problema delictivo se requiere de la colaboración de todos los sectores, ya que las causas desbordan el marco de un gobierno, partido o una coyuntura específica.
Por otra parte, Castaños Guzmán negó que el Código Procesal Penal desproteja a las víctimas, sino que, al contrario, viene a resolver el desamparo en el que ellas se encontraban en el antiguo sistema.
Aseguró que los resultados de la implementación del Código Procesal Penal tienen que ser medidos y evaluados a partir de una realidad global, no de casos particulares.
Por lo que es preciso que quienes cuestionan la eficacia y efectividad del mismo, aporten cifras y datos específicos, aseguró Castaños Guzmán.
Señaló que de acuerdo a un estudio realizado por FINJUS sobre la calidad y acceso a la justicia penal, de cada cuatro sentencias dictadas por el órgano judicial tres son condenatorias, mientras que con el antiguo código prescribían 8 de cada 10.
Lo que quiere decir que 8 víctimas de cada 10 quedaban totalmente desamparadas, sin que sus casos siquiera fueran conocidos. Esta es la cruda realidad del antiguo Código de Procedimiento Criminal a la cual no podemos volver bajo ninguna circunstancia, sostiene Castaños Guzmán en una declaración de prensa.
Añade que, además, el nuevo código reconoce a la víctima las facultades de intervención concreta en el proceso como querellante, de modo que puede actualmente confrontar al acusado.
Consideró que los que hablan de desprotección a las víctimas en casos de acción privada, evidencian un gran desconocimiento de la norma procesal penal.
Precisó que ningún sistema de justicia en el mundo ha podido resolver todos los conflictos de una sociedad, por lo que en la actualidad se habla de una política criminal que tome en cuenta diferentes medios de resolución alternativa de conflictos.
