La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió al procurador Jean Alain Rodríguez disponer la suspensión de los acuerdos abreviados como una política de Estado en caso de violencia intrafamiliar.
Dijo que se trata de un tema que debe ser analizado porque en la mayoría de los casos esos criterios de oportunidad son otorgados pese a que no se cumplen los requisitos de ley.
La entidad de la sociedad civil calificó como “muy grave” que en menos de cuatro meses dos mujeres fueran asesinadas por sus exparejas luego que estos hayan sido puestos en libertad mediante ese tipo de acuerdos.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán afirmó que “dada la realidad concreta social de República Dominicana, la mayoría de los acuerdos en los casos de violencia contra la mujer como salida del sistema de justicia penal deberían ser inaplicables”.
Agregó que en esta ocasión en que dos mujeres han muerto en circunstancias parecidas “el Ministerio Público debe dar un mensaje contundente a la sociedad pues el problema es muy grave, es de alta preocupación”.
Su planteamiento fue hecho a propósito de los asesinatos de Juana Domínguez Salas (Nona) y Anibel González, a manos de sus exparejas Johan Manuel Ramírez y Yasmil Oscar Fernández, en San Pedro de Macorís.
Ambos victimarios cumplían penas por violencia de género y fueron liberados luego de supuestamente arribar a acuerdos con ellas.
Ramírez, expareja de Nona había sido condenado a tres años de prisión luego de intentar matarla infiriéndole 11 puñaladas. Fue puesto en libertad tras cumplir la mitad de la pena y fue y la mató por “asfixia”.
De su lado, Fernández estaba condenado a cinco años de prisión por apuñalar a Anibel, fue dejado el libertad mediante un acuerdo, buscó a su expareja, la mató de un tiro en la cabeza y luego él se suicidó.
Ambos acuerdos fueron firmados por la directora de la Unidad de Violencia de Género Margarita Hernández Morales, quien se encuentra detenida.