La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) visitó a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos y emitió su preocupación sobre la iniciativa, como el hecho de poner límite a la extinción de dominio, al prescribir a los 30 años, de ahí que recomendó realizar una amplia divulgación y discusión con la pieza.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, se reunió con los legisladores de la comisión y les entregó la opinión de la entidad, haciéndoles saber que analizaron el proyecto y que aspiran a ser un aporte jurídico a la labor que realizan.
La Finjus no esta de acuerdo con establecer un marco temporal para la interposición de la acción de extinción de dominio y en respuesta, señala que tratándose de una acción orientada a excluir el dominio del bien ilegítimamente adquirido de la protección que brinda el ordenamiento jurídico, “no deberían configurarse límites temporales que impidan declarar la extinción de dominio de aquellos bienes que fueron adquiridos ilícitamente antes de la entrada en vigor de la ley ni prestar la herramienta de la prescripción para legitimar aquello que, dado su origen, nunca fue ni será merecedor de reconocimiento jurídico”.
Desaprueba el artículo 17 y sus párrafos, que da al Ministerio Público la titularidad exclusiva de la acción de extinción de dominio.
Finjus indica que esto condiciona la puesta en marcha de la ley y su ejercicio a un mandato especial, previo y expresó que considera que deberá ser provisto por el Procurador General de la República.
Desde su óptica, esto contraviene la naturaleza jurisdiccional de la acción, que deja esa decisión del procurador equiparada al ejercicio de funciones jurisdiccionales, especialmente al no indicarse los recaudos suficientes en la norma o el alcance de la referida autorización.