La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) propuso la modificación de la Ley 29-11, que regula el funcionamiento del Tribunal Superior Electoral, para que garantice una justicia más oportuna.

Pide corregir mediante una enmienda la “fragmentación de competencias que presenta la ley y que afecta la especialización y una unificación de criterios en la jurisprudencia electoral”.
Afirma que esta situación genera confusión en los actos políticos y dificulta una justicia oportuna.

En una lista de leyes que entregó al Congreso para su creación y modificación, la Finjus indica que en el caso de una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, en reiteradas ocasiones señala la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral, mediante la promoción de una modificación.

Llama a tener en cuenta que los órganos judiciales en temas electorales son el instrumento más recurrido para canalizar institucional y civilizada la conflictividad política electoral, y representar la garantía de que los procesos electorales cuenten con la credibilidad suficiente para la ciudadanía.
“Es por ello que resulta imperante el perfeccionamiento de sus atribuciones”, observa la Finjus.

La institución de la sociedad civil, que hizo pública su posición sobre esta ley mediante su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que una eventual reforma a la Ley del TSE debe ponderar aspectos relativos a verificar la correspondencia entre la naturaleza del órgano y sus atribuciones.

Establece que el fortalecimiento de cualquier modelo jurisdiccional debe estar apegado a un diseño de justicia electoral afectiva.

“Debe comprender que el establecimiento de organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales ajenos a los poderes tradicionales, o bien, especializados con autonomía constitucional en sus funciones y decisiones deben basarse en el derecho”.
Precisa que esto contribuye al fortalecimiento de la democracia, dota de confiabilidad a las instituciones que conforman el sistema político.