El Consejo Directivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) alertó a la Cámara de Diputados y a su Comisión Permanente de Justicia el peligró que representaría aprobar el proyecto de nuevo Código Penal con siete modificaciones que les fueron incluidas y que permitirían igualar la pena del autor del delito con la de sus cómplices.

También, pretender que el juez imponga prisión preventiva obligatoria para los sometidos a la justicia por tercera vez y aplicar el cúmulo de infracciones automáticas para todos los casos en los que se infrinja la ley.

No apoya aplicar cúmulo real de infracciones de modo automático para todas las infracciones ni establecer, como se busca, el delito de usura. Indica que esto penalizaría la libertad que tienen las personas e instituciones financieras de negociar las tasas de interés, con lo cual se tendría que modificar la Ley Orgánica Monetaria y Financiera, desestabilizando el sistema financiero nacional que opera con tasas activas y pasivas, “competitivas y de acuerdo a las demandas y ofertas del mercado de dinero”.

En una comunicación -de igual contenido- dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y al presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, así como a todo el Congreso Nacional, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, expresa la preocupación que tienen respecto de las enmiendas introducidas al proyecto de Código Penal que estudia la Comisión de Justicia, las que afirma que “desnaturalizarían algunos principios e institutos universales del Derecho Penal, riñendo incluso en algunos casos con la Constitución de la República”.

Indica que estas modificaciones, en definitiva, harían menos eficiente la persecución penal. En la misiva del pasado 4 de este mes, la FINJUS, que se fija como objetivo principal el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, saluda que el Poder Ejecutivo conforme una comisión de expertos para que apoye el trabajo que se continúa realizando desde el Congreso, para lograr un Código Penal que responda a las necesidades jurídico-sociales del país, pero se opone a que autor y cómplices tengan la misma pena, por entender que desnaturaliza los avances incorporados en los proyectos del 2014 y 2018.

No apoya que se intente eliminar la simultaneidad y proporcionalidad para configurar la presunción de la legítima defensa, la cual dejaría de existir como tal, y con ello, las graves consecuencias que acarrearía prescindir de una causa de justificación que existe en todos los códigos penales modernos disminuyendo así la protección de los bienes jurídicos importantes como la vida y la integridad personal que requieren de su existencia como salvaguarda.