El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, reiteró ayer su crítica al “cofrecito o barrilito” de los legisladores, y denunció que la existencia de ese mecanismo de “financiamiento de obras sociales” desde el Congreso   desnaturaliza sus funciones legislativas y fiscalizadoras.

Sostuvo, además, que eso implica una invasión en las esferas de competencia de otro poder del Estado, lo que configura una clara violación al artículo 4 de la Constitución.

Dijo que con el uso del “barrilito o cofrecito” los legisladores interfieren en las funciones que constitucionalmente corresponden a la administración central, los órganos autónomos y descentralizados y a los ayuntamientos o administraciones locales.

 “Se trata de un mecanismo que pretende suplir la ineficacia de la administración pública sin sujetarse a los principios de eficacia, objetividad, igualdad, transparencia y publicidad que la Constitución impone a la Administración Pública en el artículo 138”.

Indicó que “es entendible que los legisladores tengan empatía hacia los problemas de sus representados, pero el rol representativo de los legisladores es canalizar dichas necesidades hacia los órganos y organismos públicos que deban brindar el servicio correspondiente”.

En una nota enviada a la redacción de  Hoy, Castaños Guzmán  afirma que los legisladores tienen que presionar desde la esfera congresual para que del Presupuesto  de la nación se destinen fondos a sus respectivas comunidades  y supervisar todas las políticas públicas que implemente el Gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas.

Expresó que el “barrilito o cofrecito” afecta el correcto desenvolvimiento de los procesos electorales, por ser un medio inapropiado de financiamiento para las actividades proselitistas de los legisladores que aspiran a su repostulación”.

Castaños Guzmán dijo que la utilización de esos recursos que reciben los senadores y diputados supone una violación a los principios de “equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.