POR GERMAN MARTE
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) criticó ayer la existencia del llamado Fondo Social de los legisladores, conocido como “El Barrilito”, y consideró que el mismo es reflejo de la aguda crisis institucional que aqueja al más importante Poder del Estado.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, calificó como inaceptable que los legisladores hayan desnaturalizado la función que constitucionalmente tienen asignada para convertirse en agentes de obras sociales y tramitadores de necesidades de sus comunidades, “con el agravante de que para ello utilizan fondos públicos”.

Mediante el Fondo Social conocido como “El Barrilito” los diputados reciben cada mes más RD$13 millones. El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín lo calificó como “una desgracia”; sin embargo, dijo el diputado peledeísta, se trata de una realidad que está ahí y que ha tenido que acatar.

Gracias al “Barrilito” cada diputado recibe mensualmente la friolera de RD$75 mil que salen de los bolsillos de los contribuyentes.

Castaños Guzmán dijo que no se justifica la existencia del “Barrilito” para que los legisladores supuestamente se involucren en la realización directa de proyectos sociales que legalmente están atribuidas al Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías de Estado y organismos autónomos y descentralizados.

“Se descuida de esta manera su labor principal que no es otra que la de elaborar el marco legal para la institucionalización de la República y que al estar dedicados a otras labores, podría explicar en parte la cantidad de proyectos legislativos que perimen cada año por inactividad en las Cámaras”, manifestó el vocero de la Finjus.

Pero más grave aún, añadió, es la nula actividad del Congreso Nacional en cuanto al control de la actividad de la Administración, que es una de las funciones más importantes que debe desarrollar el Congreso Nacional ante los cambios de la tradicional función legislativa y el poder reglamentario que se arroja cada día a la Administración y el uso discrecional que se le da a los fondos públicos.

Entiende que los legisladores tengan empatía hacia los problemas de sus comunidades, pero aclara que el rol de un legislador debe ser el de canalizar dichas necesidades hacia las instancias públicas que deban brindar el servicio correspondiente y mantenerse vigilantes para que los fondos públicos sean usados en las actividades para los que fueron emitidos.

Asimismo, que la Administración Pública no los pueda usar a su antojo, sino en las partidas que dispone la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos. Ese –sostuvo Castaños Guzmán- sería el mejor servicio que podrían hacerle a sus comunidades y al país.