La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó ayer su respaldo a la decisión del Presidente Danilo Medina de impulsar una reforma al sistema de compras públicas para que ese proceso se haga de manera más transparente.
Indicó que a pesar del encomiable trabajo hecho por la Dirección general de Compras y Contrataciones Públicas frente a los fuertes obstáculos que le presenta la normativa actual, el sistema tiene múltiples limitaciones para combatir la corrupción y crear un clima de transparencia.

En ese sentido, la FINJUS adelantó su respaldo a un eventual anteproyecto legislativo que reveló, reposa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, elaborado por una comisión de técnicos, juristas e instituciones, y que en la actualidad se discute en distintos sectores profesionales, empresariales e instituciones del Estado.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la entidad, afirmó que un eventual anteproyecto legislativo como ese para reformar la actual Ley de Compras y Contrataciones Públicas, traería varios componentes que harían de estos procesos un elemento democratizador en la relación Estado- ciudadanía.
Resaltó que el mismo establece de manera clara la definición de “concesión”, evitando así las ambigüedades; hace una distinción precisa entre “contrato de obra pública” y de “consultoría”; indica los modelos de ejecución y pago de esos contratos de excepción; y entraría en vigencia el concurso de méritos para la contratación de consultorías, basado en la escogencia por criterios de calidad.
Transparencia. Señaló que para los procesos de contratación en República Dominicana, esta norma contará con un articulado que presupone la exclusión de manera permanente a quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio del Estado.

“ Esto es, la existencia de una herramienta eficaz para el combate a la corrupción”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS en un documento.

Además prohibiría el fraccionamiento de los contratos, y establece de manera más exacta los requisitos y trámites de la selección de los contratistas.
“Uno de los aspectos más interesantes y que podrá generar mayor fortalecimiento institucional, se trata de la estructuración más completa del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la contratación pública”, subrayó .
Castaños Guzmán señaló que un aspecto esencial en el marco de la competitividad nacional, la seguridad jurídica y el fortalecimiento económico, lo es el de las reglas especiales con las que contarán las micro, medianas y pequeñas empresas en la norma.
Destacó que la norma también es explícita en las reglas de las contrataciones para las administraciones locales, “es decir, que pone orden en los ayuntamientos.