La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) respaldó ayer los planteamientos del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Blanco Canto, y afirmó que las numerosas reacciones que han generado reflejan en gran medida su importancia.

Señaló que desde todos los sectores de la sociedad, sin excepción, se han manifestado niveles de preocupación “por una serie de situaciones, problemas y disfuncionalidades” reflejados en toda su magnitud antes, durante y después de las elecciones.

Señaló que esas situaciones incluyen “la vigencia de prácticas aberrantes” en el sistema electoral directamente vinculadas con el clientelismo y el patrimonialismo, como la compra de cédulas, el uso de recursos públicos en actos de campaña y la inequidad en el acceso de los partidos a los medios de comunicación.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, indicó que todos esos fenómenos “se han incubado en un ambiente de desconfianza, falta de credibilidad, dejadez y desinterés” de la ciudadanía sobre la vida de instituciones democráticas.

Agregó que de persistir todo eso en el tiempo, “representa un alto riesgo para la democracia dominicana, con indeseables derivaciones en los órdenes económico, social y de nuestra proyección internacional. Es decir, en las áreas más sensibles vinculadas con el futuro inmediato de nuestro país”.

Comparte. La Finjus expresó que comparte los cuatro pilares que idenficó el presidente del Conep como las bases sobre las cuales reconstruir los cimientos de la democracia dominicana.

Consideró indispensable un quinto pilar, que es la consolidación del sistema de justicia, mediante el reforzamiento de la independencia interna y externa del Poder Judicial; la autonomía funcional del Ministerio Público para dirigir la persecución de los crímenes y delitos; la coordinación de los órganos del sistema de justicia y sobre todo, que prevalezca el imperio de la ley”.

Propuestas del Conep. Para asegurar una “democracia sana” la organización empresarial propuso aprobación de las leyes Electoral, de Partidos y de Responsabilidad Fiscal, y garantizar la plena independencia de la JCE, altas cortes y CCRD.

En una intervención en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio esta semana manifestó quejas por la falta de institucionalidad.