La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) apoyó la creación por la Asamblea Revisora del Tribunal Constitucional, pero cuestionó que  no aprovechara esa oportunidad histórica para validar expresamente el derecho de los ciudadanos  a presentar acciones en inconstitucionalidad.

Afirmó que el Tribunal Constitucional es un órgano vital para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, el sistema de frenos y contrapesos, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la permanencia del Estado de derecho.

“Creemos, sin embargo, que las disposiciones constitucionales que regulan sus atribuciones deben ser completadas mediante una Ley de Procedimiento Constitucional que cree los puntos de contacto entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria y los mecanismos institucionales para someter al control constitucional los “actos jurisdiccionales” que constituyan “vías de hecho” o “abuso de poder”, o que sean emitidos en violación del debido proceso”, dijo la Fundación Institucionalidad y Justicia.

Derechos Ciudadanos

En cuanto a la exclusión del derecho de los  ciudadanos a someter recursos de inconstitucionalidad, la FINJUS señaló que si bien  la “acción popular en inconstitucionalidad” no está consagrada de manera expresa en la Constitución vigente, “ha sido un derecho viviente develado en 1998 por nuestra jurisprudencia constitucional, a partir de un replanteamiento de la figura de “parte interesada”, cuya vigencia aquí  sólo ha sido mellada por el precedente de la Sun Land”.  El vicepresidente ejecutivo de Finjus,  Servio Tulio Castaños,  afirmó que un criterio diferente significaría coartar el derecho de la sociedad para fiscalizar violaciones al ordenamiento constitucional que no afecten a ninguna persona en particular, pero que alteren el ordenamiento institucional que diseña la Constitución, dejando sólo en manos de la política poder activar la jurisdicción constitucional.